MEXICALI.- Recibir información variada, distinguir entre una opinión y un contenido noticioso y conocer cómo presentar una queja ante un medio de comunicación forman parte de los derechos de las audiencias. En este contexto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una consulta pública sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, una propuesta que busca establecer mecanismos para hacer efectivos estos derechos y que también ha generado cuestionamientos sobre su aplicación y su posible impacto en la libertad de expresión.
La Mtra. Nathalie Canizales Reyes, Coordinadora de la Maestría en Derecho de Cetys, explicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que las personas no sólo tienen derecho a expresar sus ideas sino también a recibir contenidos que reflejen pluralidad política, social y cultural, construyendo con ello una ciudadanía bien informada, que es el fundamento de una sociedad democrática.
Una oportunidad para fortalecer los derechos de las audiencias
La experta señaló que los Lineamientos constituyen una buena oportunidad para fortalecer los derechos de las audiencias y generar mayor transparencia entre los medios de comunicación y la sociedad.
“Sin embargo, en estos casos, es necesario que se cuente con un sólido sustento jurídico y técnico. Esto es, cuando se tiene un objetivo completamente legítimo, como lo es la protección de los derechos de las audiencias, es necesario que este se consiga a través de mecanismos que operen dentro del marco constitucional y legal. Puesto que, una regulación imprecisa genera incertidumbre en los actores, lo que puede llevar a que el derecho que se busca proteger termine siendo debilitado”.
Los Lineamientos dependen no sólo de su contenido sino de la fortaleza de las instituciones encargadas de aplicarlos. Es decir, los derechos de las audiencias requieren reglas claras y autoridades que actúen dentro de sus atribuciones y mecanismos que generen confianza tanto en las audiencias como en los concesionarios.
Entre la regulación y la libertad editorial
Por otra parte, la Mtra. Canizales Reyes, expresó que los aspectos que han generado mayor discusión se relaciona con la obligación de los concesionarios de incluir plecas, cortinillas o mensajes para diferenciar información noticiosa, opiniones o publicidad y con el uso, dentro de los Lineamientos, de conceptos jurídicos ambiguos como “información falsa” o “veracidad”.
“El hecho de que estos conceptos no cuenten con parámetros suficientemente claros, sumado a la imposición de sanciones relevantes y considerables ante el incumplimiento de las disposiciones, podría generar interpretaciones dispares, incertidumbre jurídica e incluso podría disparar un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad editorial” señaló.
En ese sentido, si bien es cierto que es fundamental que los mecanismos de autorregulación fortalezcan la transparencia y la responsabilidad editorial, también lo es que no deben desincentivar el ejercicio de la libertad de expresión ni mucho menos propiciar fenómenos o conductas de autocensura. Así, el reto esencial consiste en proteger a las audiencias, pero también en diseñar disposiciones que otorguen certeza jurídica a quienes deberán aplicarlas y a quienes se les aplicarán.
Por lo que estos Lineamientos no deben llevar a plantear una confrontación entre los derechos de las audiencias y la libertad de expresión sino a construir una regulación técnicamente sólida, respaldada por instituciones que puedan aplicar con imparcialidad y dentro del marco legal, indicó la académica.
“El desafío está en no disminuir un derecho para proteger otro, sino en diseñar mecanismos claros, transparentes y proporcionales que permitan garantizar y potencializar tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, teniendo claro que, en una sociedad democrática, ambos derechos son necesarios y complementarios”, finalizó la Mtra. Canizales Reyes.
